En la etapa cumbre del movimiento por los derechos civiles de los años 60, miles de personas arriesgaron sus vidas para modificar un régimen racista flagrante y generalizado que mantuvo a millones de personas impedidas de participar en el compromiso cívico más básico: el derecho al voto. Desde que se aprobó la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965 con el fin de garantizar que las personas de color gozaran de igual participación en las urnas, ésta ha sido renovada y prorrogada en cuatro oportunidades, siendo la vez más reciente en agosto de 2007. Enfocada inicialmente en evitar la discriminación racial, esta importante ley ha evolucionado durante las últimas cuatro décadas para proteger a más grupos que algunas veces enfrentan dificultades para ejercer su voto; como las personas de color, las personas discapacitadas y las personas con dominio limitado del inglés, entre otros.