Los juicios no se dan únicamente a puerta cerrada en la sala de un tribunal; les pasan a gente común y corriente, como usted y como yo. A pesar de que nuestras leyes de derechos civiles fueron redactadas para beneficio y protección de todos, durante las últimas dos décadas, una serie de casos han dificultado cada vez más el cumplimiento de nuestros derechos civiles y nuestros tribunales federales han dejado de ser lugares a los cuales podemos acudir por ayuda.
A continuación presentamos algunos de los casos claves que muestran el impacto humano de los fallos judiciales negativos e ilustran la forma en que los tribunales están reduciendo y debilitando nuestros derechos civiles. Muchos de estos casos tienen impacto en otras áreas de la ley y otras comunidades. Por ejemplo, el resultado de un caso acerca de una comunidad en Camden, Nueva Jersey, hace difícil que cualquiera pueda gozar del derecho de entablar juicio para probar discriminación.
La presente es una lista en constante actualización. Si sabe de un caso que debiera estar aquí, avísenos, escribiendo a: rollback@nylpi.org.
LOS NIÑOS NO PUEDEN VOTAR, POR ESO CONTAMOS CON LEYES PARA PROTEGERLOS. ¿PORQUÉ RAZÓN LOS TRIBUNALES SE NIEGAN A HACER CUMPLIR DICHAS LEYES?
En florida, los niños bajo cuidado tutelar estaban en hogares y lugares sobrepoblados e inadecuados y eran colocados con familias abusivas, peligrosas o negligentes. Los defensores de los niños interpusieron una demanda contra el gobernador del estado y otros funcionarios por no cumplir con mantener a los niños a buen resguardo ni brindarles el cuidado o los lugares de tutela apropiados.
Los defensores de los niños creían que podían hacer cumplir los derechos de estos muchachos en virtud de la Ley de Ayuda para
Sin embargo, un tribunal federal de Florida se rehusó a atender el caso en base a una cantidad de tecnicismos legales. Lo que es peor, el tribunal dictaminó que la ley federal que regula las adopciones no podía hacerse cumplir mediante la demanda por parte de los niños. A pesar de que existía una ley que había sido creada para protegerlos, se quedaron desprovistos de todo recurso para hacerla cumplir.
Bonnie L. v. Bush (2003)
TRABAJADORES PIERDEN DERECHOS CLAVES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL
Durante casi 20 años, Lilly Ledbetter trabajó incansablemente para Goodyear, pero eso cambió cuando alguien en el trabajo le dejó una nota anónima demostrándole que desde el día en que ella empezó a trabajar, el salario que había recibido era consistente y significativamente menor que el de sus colegas masculinos que desempañaban las mismas labores. Ella se horrorizó, llevó el caso a los tribunales y ganó en un juicio con jurado ya que éste determinó que la compañía infringió las leyes federales de derechos civiles que prohíben la discriminación laboral en base al sexo de una persona. El jurado resolvió que Goodyear compensara a Ledbetter por aquel trato injusto, dándole la cantidad que debía haberle pagado durante todo ese tiempo, además del pago por daños y perjuicios. Sin embargo, Goodyear apeló y el caso llegó hasta
En mayo de 2006, la Corte emitió un fallo en contra de Lilly Ledbetter. Dicho fallo establecía que ella no podía demandar debido a que no había presentado un reclamo dentro del periodo de 180 días a partir de la fecha de decisión de Goodyear de pagarle menos que a los varones, a pesar de que Ledbetter no tenía forma de saber que la compañía le pagaba menos hasta que recibió una nota anónima muchos años después.
Su caso se perdió por un voto.
En este caso, el fallo de la Corte afectará a miles de trabajadores a lo largo del país. El fallo establece un nuevo precedente que resulta peligroso y facilita la discriminación en las empresas. Además, miles de trabajadores podrían quedarse sin ningún recurso legal en caso de ser tratados injustamente en base al sexo, raza, religión o nacionalidad.
Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co. (2007)
VÍCTIMA DE ACOSO, DESPEDIDA Y EN UN GRAN APRIETO. ¿DÓNDE QUEDÓ
Rosalind Smith trabajó como asistente administrativa en PSI Services II Inc. Durante tres años, fue víctima de acoso de forma incesante por parte de un compañero de trabajo. Su comportamiento atroz y ofensivo incluía proposiciones para pasar la noche, preguntas acerca de si su prometido la satisfacía sexualmente, comentarios vulgares y de insinuación sexual acerca de su cuerpo, jalar su blusa y mirar hacia el interior de ella, mirar ávidamente sus pechos, y lamerse los labios y rozarla al moverse detrás de ella. Cuando la señora Smith se quejó con su supervisor acerca del comportamiento de su compañero de trabajo, le ofrecieron dos alternativas: aceptar un puesto de menor categoría o el despido involuntario permanente.
La señora Smith llevó a su empleador a juicio en un intento por hacer cumplir sus derechos civiles en virtud del Título VII de la Ley de los Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964, que fuera inicialmente aprobada con el fin de prohibir la discriminación laboral basada en el sexo, raza, color de piel, religión o país de origen. Sin embargo, se le negó el derecho de entablar juicio debido a que su contrato de trabajo había sido modificado, sin su conocimiento, para establecer que ella no podía iniciar un juicio si sus derechos civiles eran atropellados. Por lo tanto, tuvo que presentar sus reclamos ante un árbitro “imparcial” mediante un proceso denominado arbitraje. El árbitro que atendió el caso de la señora Smith dictaminó que la conducta de su compañero de trabajo era sumamente ofensiva, pero que el acoso no era lo “suficientemente hostil y constante” como para causar agravio. Ella apeló, pero a pesar de que el tribunal determinó que el árbitro había aplicado la ley de forma incorrecta, no contó con los fundamentos legales para revocar el dictamen del árbitro.
La señora Smith fue víctima de un acoso terrible e incesante en el trabajo. Se quejó y hubo represalias en su contra. Su contrato no le otorgó el derecho a demandar. Un árbitro cometió un error y, sin embargo, se le dijo que no había nada que pudiera hacer. ¿Le parece justo esto?
Smith v. PSI Services II Inc., Troy Hughes, and John Does 1-10, J/S/I (2001)
LIBERTAD PARA DISCRIMINAR (SI EL EMPLEADOR ES EL ESTADO)
John Alden y sus compañeros de trabajo demandaron a su empleador, el estado de Maine, por incumplimiento en el pago de sus sueldos, en virtud de la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act). La Corte Suprema ya había establecido que los estados no podían ser demandados en un tribunal federal por violaciones a esta ley, razón por la cual los trabajadores se vieron forzados a presentar su demanda en un tribunal estatal. Sin embargo,
Alden v. Maine (1999)
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Patricia Garrett se desempañaba como enfermera supervisora en el Centro Médico de
Bd. of Trustees of the Univ. of Alabama v. Garrett (2001)
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Daniel Kimel y otros bibliotecarios de la Universidad Estatal de Florida demandaron a ese estado por discriminarlos debido a su edad, pagándoles menos que a los trabajadores más jóvenes con el mismo cargo y no ascendiéndolos. En el año 2000,
Kimel v. Florida Board of Regents (2000)
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En 1974, Judy Jones empezó a trabajar en la Dirección de Tránsito del Área Metropolitana de Washington. Ella conducía autobuses y trenes subterráneos. En 1984 fue ascendida a un cargo de supervisión pero descubrió que, a pesar de obtener muy buenas evaluaciones con respecto a su trabajo, su carrera había llegado a un tope pues ya no podría escalar más puestos. Judy consideró que estaba siendo discriminada debido a su edad y formuló una queja. Luego puso una demanda y la despidieron haciendo uso de cargos fabricados. Tras haber estado desempleada por más de tres años, un jurado determinó que Judy había sido víctima de represalias por quejarse de discriminación por la edad y le otorgaron una indemnización que superaba los $200,000 por daños y perjuicios, además de recuperar su empleo.
Sin embargo,
Jones v. Washington Metropolitan Area Transit Authority (cortesía de civilrights.org)
Paul Jayco trabajaba para
Luego que el señor Jayco informara que la investigación en la que trabajaba infringía los requerimientos de las leyes federales sobre el medio ambiente, su empleador lo despidió. El señor Jayco presentó una queja ante la oficina del gobierno que vela por la seguridad y la salud de los trabajadores (Ocupational Safety and Health Administration) u OSHA, por sus siglas en inglés. OSHA determinó que el empleador del señor Jayco (el estado de Ohio) había infringido aquello que se conoce como la parte de "denuncia de irregularidades" de la ley federal, la cual protege a los trabajadores contra represalias por decir públicamente que algo no marcha bien.
Ohio solicitó entonces una audiencia formal y el juez de derecho administrativo que revisó el caso determinó también que Ohio había infringido las leyes sobre denuncia de irregularidades y que el señor Jayco tenía derecho a recuperar su empleo.
Ohio impugnó dicho fallo ante un tribunal federal y, a pesar de las determinaciones iniciales que establecían que el señor Jayco había sido despedido injustamente, el tribunal rechazó su caso y emitió un fallo que establecía que éste no tenía derecho a demandar a su empleador para hacer cumplir sus derechos. El fallo fue de carácter técnico y se basó en una tendencia creciente de los tribunales a decidir que los estados deben estar protegidos y ser inmunes frente a la ley federal.
A pesar de que su empleador lo discriminó y de que está amparado por las leyes federales existentes, el señor Jayco no pudo acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos u obtener el pago por los salarios que perdió como resultado de las represalias por parte del estado de Ohio.
State of
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El empleador de David Chittister, un ex director interino del Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico (Department of Community and Economic Development), le concedió una licencia por enfermedad con goce de haber ya que tanto su doctor como su psicólogo confirmaron que padecía de depresión crónica, una enfermedad de las arterias coronarias y gastritis crónica, y que el estrés en el trabajo contribuía a deteriorar aún más su salud. Estando todavía de licencia por enfermedad, el empleador del señor Chittister se la revocó y le envió un aviso con una anticipación de tan sólo unos cuantos días para que retornara al trabajo. David no volvió y lo despidieron.
El señor Chittister demandó a su empleador, alegando que este último había infringido
Cada vez más trabajadores se encuentran sin facultades para demandar al empleador, incluso cuando éste ha cometido actos ilegales, si tal empleador es el estado. Esto facilita en mayor medida el trato discriminatorio por parte de determinados empleadores.
Chittister v. Department of Community & Economic Development (2000)
¿Es justo que los estados puedan violar la ley y no tengan que pagarle a sus víctimas el dinero adeudado? Durante años, los policías estatales como Douglas King trabajaron horas extras sin que se las pagaran. No pagar a los trabajadores que laboran por hora representa una violación directa de
King v. State (cortesía de civilrights.org)
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Suponga que toma tiempo libre del trabajo, al cual tiene derecho por ley, y lo despiden. Luego imagínese que ningún tribunal le quiere ayudar a recuperar su empleo o defender sus derechos. Para David McGregor, esto no fue producto de su imaginación sino que realmente le sucedió.
David McGregor era un guardia en el Departamento de Servicios Penitenciarios del estado de Nueva York (New York State Department of Correctional Services). Él informó a su empleador que necesitaba tiempo libre para acompañar a su esposa embarazada a las citas con el médico y a las lecciones de Lamaze (técnicas de parto natural). Lo suspendieron tres días después de tomar su tiempo libre, y poco después de eso, lo despidieron.
McGregor demandó a su empleador para hacer valer sus derechos en virtud de la ley federal denominada Ley de Licencia por Razones Familiares o de Salud (ley que otorga hasta 12 semanas libres para cuidar a un familiar que afronta una condición médica grave, entre otras cosas). Su empleador no rechazó los cargos pero argumentó que por ser una entidad del estado, no podía ser demandado por sus empleados (en virtud de una falsa interpretación de una enmienda a
Cada vez más trabajadores se encuentran sin facultades para demandar a su empleador, incluso cuando éste ha cometido actos ilegales, si tal empleador es el estado. Esto facilita en mayor medida el trato discriminatorio por parte de determinados empleadores.
McGregor v. Goord (1998)
ESTUDIANTES DISCAPACITADOS PIERDEN RECURSOS LEGALES IMPORTANTES
En 1988, un estudiante llamado A.W. (los tribunales usan iniciales para proteger la privacidad de los menores de edad) se inscribió en el sistema educativo público de la ciudad de Nueva Jersey como estudiante de segundo año. Debido a que padecía de dislexia, tenía muchas dificultades para aprender a leer, escribir y deletrear. El sistema educativo carecía de un programa de lectura y escritura (algo que es requerido por la ley) para ayudar al aprendizaje a los estudiantes con dislexia, y A.W. continuó quedándose atrás en comparación con otros estudiantes de su misma edad. La abuela de A.W. formuló una queja ante el Departamento de Educación de Nueva Jersey, en representación de su nieto y de otros estudiantes de la ciudad de Nueva Jersey que padecen dislexia. El departamento confirmó que las escuelas habían incumplido con la implementación de un programa de lectura y escritura para los estudiantes con dislexia; sin embargo, no hizo nada para garantizar que las escuelas tomaran cartas sobre el asunto.
En el año 2000, trece años después que A.W. ingresara al sistema educativo público de la ciudad de Nueva Jersey, el distrito escolar finalmente implementó un programa educativo que requería la enseñanza especializada en lectura, escritura y ortografía. Por fin A.W. recibió la educación que merecía, pero para entonces ya contaba con 20 años de edad, era estudiante del décimo año y había desperdiciado años importantes de aprendizaje, así que llevo su caso ante los tribunales.
A.W. entablo su demanda en virtud del artículo 1983, una norma federal que establece el derecho de un individuo a interponer una demanda cuando el estado viola sus derechos. A.W. alegó que sus derechos fueron atropellados debido a que el estado no acató dos normas federales importantes: la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973, que prohíbe toda discriminación en base a discapacidad en cualquier programa que reciba subvención federal; y la Ley de Estudiantes Discapacitados (Individuals with Disabilities in Education Act), que garantiza a todos los niños con alguna discapacidad “educación pública adecuada” que satisfaga sus necesidades específicas.
Hasta antes de este caso, los padres de familia y los niños podían demandar a los sistemas educativos públicos y sus empleados en virtud del artículo 1983 por violaciones a estas dos leyes. Sin embargo, esto cambió cuando el tribunal de apelaciones estableció que A.W. no podía demandar amparándose en el artículo 1983, así que, en la actualidad, los estudiantes como A.W. no pueden solicitar indemnización por las pérdidas ocasionadas.
A.W. v. Jersey City Public Schools (2007)
YA NO BASTA ÚNICAMENTE CON SER VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN. AHORA, PARA PONERLE FRENO, UNO DEBE PROBAR QUE ES INTENCIONAL, ALGO PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE.
Martha Sandoval sabía conducir y podía identificar las señales de tránsito en inglés en las calles, pero no hablaba bien el inglés. Sin embargo, Alabama, lugar donde ella residía, había aprobado la política "English only" (sólo inglés). Cuando no se le permitió tomar parte de su examen de manejo en español, siendo por lo tanto discriminada en base a su país de origen, Sandoval entabló una demanda en contra de ese estado.
En el año 2001,
Alexander v. Sandoval (2001)
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South Camden, Nueva Jersey, alberga más de 100 terrenos contaminados y cientos de industrias contaminadoras del ambiente. El suministro de agua potable de la ciudad ha sido contaminado por décadas y sus niveles de contaminación del aire se ubican entre los más altos de Nueva Jersey. En el año 2001, un tribunal suspendió el permiso de funcionamiento para una nueva fábrica de cemento en vista del impacto contaminador desmedido que esta planta hubiera tenido sobre sus moradores (ya existían muchas plantas de residuos tóxicos en el área). El tribunal estableció que las personas que vivían en el área alrededor de la fábrica eran víctimas de discriminación debido a su raza y que estaban siendo obligadas a soportar más problemas de contaminación que los que les correspondían.
Sin embargo, guiándose por el fallo emitido por
Tras varias apelaciones, los habitantes de South Camden finalmente perdieron su caso en el año 2006.
Dredia Ross vive con sus hijos en un complejo de apartamentos cuya administración recibe fondos federales para proveer vivienda de alquiler a bajo costo. Las condiciones en las que se encontraba su apartamento eran peligrosas ya que el moho aumentaba y filtraba agua sucia. A pesar de presentar una queja a la empresa administradora, la señora Ross no obtuvo ninguna respuesta y tuvo que continuar viviendo bajo esas condiciones mientras esperaba que le contestaran.
Por último, ella acudió a los tribunales en representación propia y de todo un grupo de inquilinos afroamericanos para reclamar que la falta de atención respecto a la condición de los apartamentos era el resultado de discriminación intencional. El Tribunal de Distrito de Illinois ha permitido que la señora Ross prosiga con su demanda pero, debido a otro fallo emitido por la Corte Suprema, ella tiene que navegar contra la corriente. Hasta el año 2000, la señora Ross y los otros arrendatarios hubieran podido acudir a los tribunales para hacer cumplir las normas federales que prohíben aquellas acciones que tienen un impacto discriminatorio injustificado. Hoy en día, en virtud de la legislación actual, ella tiene que probar que la negligencia de la empresa administradora en la reparación de las condiciones del complejo fue intencionalmente racista; algo que es prácticamente imposible de demostrar.
Ross v. Midland Management Company, (2003)
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Una coalición denominada Save Our Valley (Salvemos Nuestro Valle) representaba a un vecindario de bajos ingresos y diversidad étnica de Seattle. El grupo, compuesto de docenas de propietarios de inmuebles y grupos comunitarios, objetó el plan de Sound Transit para operar trenes ligeros a nivel de las calles en su comunidad. Aunque muchos edificios estaban condenados a abrir paso al proyecto en el vecindario, los planes exigían que se confiscaran muy pocos inmuebles en los vecindarios donde predominaba la gente blanca y de mayor capacidad adquisitiva, donde los trenes operarían a nivel subterráneo en túneles o muy por encima del suelo sobre carriles elevados.
La ruta total del tren ligero planificado abarcaba 22 millas; sin embargo, la sección de
La Ley de los Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964 es una ley histórica en este asunto y fue creada para proteger a las personas contra la discriminación. Una sección específica de esta ley prohíbe a las agencias que reciben subvención federal incurrir en discriminación en base a la raza o país de origen. Muchas agencias, entre ellas el Departamento de Transporte, cuentan con normas que establecen con claridad la prohibición de actos injustos y de desigualdad racial.
Save Our Valley perdió el caso debido a los recientes dictámenes de
Save Our Valley v. Sound Transit,
DERECHOS DE DISCAPACIDAD PARA AQUÉLLOS QUE PUEDEN COSTEARLOS
Pearl y Theodore Murphy consideraban que su hijo, quien sufre una discapacidad, no recibía el tipo de educación pública que se garantiza en la Ley de Educación para las Personas con Discapacidad (IDEA, por sus siglas en inglés). Ellos interpusieron una demanda contra su distrito escolar para obligarlo a brindar al niño la educación que necesitaba y el tribunal dictó sentencia a su favor. Muchas familias no pueden costear la contratación de un abogado, razón por la cual la ley autoriza a las familias a solicitar que los distritos escolares paguen los honorarios y costos incurridos en caso ganen la demanda en virtud de la IDEA; esto en vista que obtener servicios apropiados para los niños es de vital importancia.
A pesar de que la solicitud de los Murphy fue concedida por los tribunales distritales y de circuito,
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A Dorsey Pierce, un anciano de ciento dos años de edad, residente del hogar de convalecencia Buckhannon Board and Care Home, el estado de West Virginia le informó que no podía continuar viviendo en Buckhannon debido a una ley denominada "norma de autoprotección" (self-preservation rule) que prohibía que dicho hogar albergara a personas que no podían abandonar las instalaciones por sí solas en caso de incendio. El hogar Buckhannon, el señor Pierce y otros residentes entablaron una demanda en contra del estado, alegando que esta ley discriminaba a las personas discapacitadas. Antes de que se pudiera dar el fallo sobre el caso, la legislatura de West Virginia derogó la norma de autoprotección y, por lo tanto, el juez expresó que ya no era necesario emitir un fallo sobre el caso. A pesar de que técnicamente ellos no ganaron su caso en un tribunal, el señor Pierce y el hogar pensaron que fue su demanda la que condujo a la derogación de esta ley y al resultado favorable de este caso, así que solicitaron al tribunal que se les otorgue una indemnización por concepto de honorarios de los abogados. La Corte Suprema dictaminó que debido a que ellos no habían ganado su demanda en un tribunal, no podían recuperar su dinero.
Buckhannon Board and Care Home, Inc. v.
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Los pacientes del Great Oaks Center, una institución de Maryland para los individuos que padecen de discapacidad en su desarrollo, fueron víctimas de abuso, falta de atención, restricciones físicas innecesarias y se les negó los servicios y atención médica para evitar el deterioro de su condición. Ellos entablaron juicio para poner freno a los nuevos ingresos al Great Oaks Center y para que transfirieran a los pacientes actuales a alojamientos apropiados en la comunidad. Cuatro años después, el estado clausuró Great Oaks ,y en el transcurso de tres años, la totalidad de pacientes, salvo dos de ellos, fue transferida a alojamientos en la comunidad.
Debido a que muchos de los reclamos de los antiguos pacientes habían sido solucionados, todos acordaron cerrar el caso, pero cuando pretendieron obtener el reembolso por concepto del trabajo de sus abogados, que ascendía aproximadamente a $1 millón, se los negaron. A pesar de que los tribunales se mostraron de acuerdo en que la demanda había contribuido sustancialmente a las mejoras del estado, gracias al dictamen de
Wade v. Coughlin (2000; cortesía de civilrights.org)
LAS PERSONAS TIENEN DERECHO A UNA VIVIENDA "DECENTE, SEGURA E HIGIÉNICA"; EXCEPTO QUE DE NO SER ASÍ, NO PUEDEN HACER NADA AL RESPECTO.
La Ley de Vivienda (Housing Act) de 1937 fue creada para garantizar que toda vivienda subvencionada fuera "decente, segura e higiénica". Sin embargo, las familias que habitaban en un complejo de apartamentos subvencionados de Dallas vivían en condiciones totalmente contrarias. Los edificios tenían serios problemas de estructura: pisos separándose de los muros, techos y tejados con goteras, y atoros en las cañerías de desagüe. Los edificios y pasadizos eran objeto de vandalismo y con igual frecuencia se cometían asesinatos y otros actos violentos. Los inquilinos se quejaban ante la Dirección de Vivienda mediante un promedio de
Finalmente, las familias se unieron y entablaron una demanda en contra de la Dirección de Vivienda y los propietarios del edificio por quebrantar la ley. Al principio todo parecía indicar que habían tenido éxito, cuando la Dirección de Vivienda dejó de proveer asistencia para los alquileres a los arrendadores. El caso fue a juicio y el jurado determinó que los propietarios de los apartamentos eran culpables de violación de la Ley de Vivienda.
Pero a pesar de que el caso fue a juicio y el jurado acordó que los arrendadores habían quebrantado la ley, el juez se mostró en desacuerdo y desestimó la decisión del jurado en base a tecnicismos legales. Aunque la ley federal de vivienda explicaba muy bien los derechos, este tribunal sentenció que no indicaba de manera exacta lo que se podía hacer si dichos derechos eran violados. El fallo del tribunal establecía, en esencia, que no existía un derecho federal a una vivienda decente, y cerró sus puertas a estas familias y otras a quienes no se les respeta el derecho a un hogar decente, seguro e higiénico, que establece la Ley de Igualdad para la Vivienda.
Banks v.
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Serena Dewakuku compró una casa que fue construida por
El tribunal que atendió el caso de Serena se mostró de acuerdo en que la autoridad de vivienda había quebrantado la ley y le ordenó que solucionara dichos problemas. La autoridad de vivienda impugnó este fallo y el caso retornó a los tribunales. En esta oportunidad, el tribunal de apelaciones desestimó el caso en base a un tecnicismo legal. Este tribunal declaró que, a pesar de que la Ley de Vivienda establecía que la señora Dewakuku tenía derechos, ésta no establecía de forma explícita que ella podía acudir a los tribunales si se violaban tales derechos.
La señora Dewakuku no podía entablar juicio, así que se quedó con una casa defectuosa y de pésima construcción. Este tribunal nos dice que, incluso si la Dirección de Vivienda quebranta la ley, las personas que adquieren casas pésimamente construidas no cuentan con un recurso legal en los tribunales. Podemos pensar que tenemos derechos porque existen ciertas leyes, pero eso no significa necesariamente que podemos hacerlas cumplir.
Dewakuku v.
¿DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS? BUENO, MÁS O MENOS.
Jeffrey Gorman, quien se moviliza en una silla de ruedas, fue arrestado en Kansas City, Missouri. La camioneta que se usó para transportarlo a la estación policial no se encontraba equipada para movilizarlo en su silla de ruedas. A pesar de sus protestas, los oficiales retiraron al señor Gorman de su silla y usaron su correa para sujetarlo a un banco. Cuando el cinturón cedió, Gorman cayó del banco, se golpeó la espalda y el hombro, y su bolsa de orina se rompió.
El señor. Gorman entabló una demanda en contra del departamento de policía de la ciudad de Kansas por discriminación basada en su discapacidad. El jurado se mostró de acuerdo con el señor Gorman y le concedió una indemnización por daños. Asimismo, mediante la indemnización concedida al señor Gorman por daños punitivos (suma de dinero otorgada con el propósito de castigar el comportamiento imprudente y malicioso), el jurado hizo ver a la policía que su conducta fue sumamente ofensiva. Sin embargo, en el año 2002,
¿DERECHOS DE LOS TRABAJADORES? COMO QUE SÍ Y COMO QUE NO.
José Castro trabajaba en Hoffman Plastics. Sin embargo, cuando él y otros trabajadores apoyaron una campaña de organización sindical, los despidieron. El Concejo Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board) decidió que despedir a estos trabajadores quebrantaba
En el año 2002,
Hoffman Plastic Compounds, Inc. v. N.L.R.B. (2002)
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Juan Carlos Astudillo trabajaba como ayudante de mantenimiento para Reinforced Earth. Allí, se encargaba del cortado y soldadura de hierro y de la reparación de motores, para lo cual se requería que subiese a andamios y escaleras y que levantase vigas de acero pesadas. En el año 1994, Juan Carlos se golpeó la cabeza, el cuello y la espalda con una viga de acero y quedó inconsciente allí en el trabajo. Sufrió una conmoción cerebral, una herida ligera en la cabeza, y sucedió que, durante los meses siguientes, Juan Carlos sufrió de dolores de cabeza, mareos, pérdida del balance y dolores en la parte superior e inferior de la espalda. Posteriormente fue despedido de su empleo y entonces solicitó compensación obrera. En una movida notoriamente escandalosa, la empresa para la que Juan Carlos había trabajado tanto dio respuesta a su pedido de compensación aludiendo que éste no tenía derecho a los beneficios porque era indocumentado.
El caso de Juan Carlos es sólo otro ejemplo de una empresa que se beneficia del trabajo arduo de un inmigrante y luego explota su condición de indocumentado cuando tal trabajador trata de ejercer uno de los pocos derechos que la ley da a los trabajadores. Aunque
Reinforced Earth Company v. Workers Compensation Appeal Board et. al (cortesía de civilrights.org)
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Si usted tuviera que elegir entre tomar un empleo y renunciar a sus derechos civiles, ¿qué escogería? Estas fueron las opciones que Donald Lagatree tuvo para escoger, y como optó por sus derechos, terminó siendo despedido. Donald consideró que era injusto que su compañía lo obligara a firmar un contrato de arbitraje para poder trabajar para ellos. Para Donald era importante mantener sus derechos civiles, que incluyen el derecho a un juicio con jurado, en caso enfrentara discriminación laboral. Finalmente, la firma de abogados retiró la oferta de contrato que le había hecho a Donald.
Un contrato de arbitraje carece de las protecciones importantes de nuestro sistema de justicia tradicional. No es novedad que tantas corporaciones quieran forzar a sus empleados a firmar tales acuerdos. ¿Acaso las corporaciones no tienen ya el poder suficiente? ¿Es en realidad justo permitirles que eludan el sistema legal tradicional cuando está en juego la discriminación laboral?
EEOC v. Luce Howard (2002; cortesía de civilrights.org).
¿TIENE DERECHOS? SÓLO SI
Un ex estudiante interpuso una demanda en contra de la Universidad Gonzaga porque alegaba que la universidad había divulgado información privada acerca suyo en incumplimiento de
¿ES POSIBLE QUE LAS UNIVERSIDADES GARANTICEN UN CUERPO ESTUDIANTIL DIVERSO? ES SUMAMENTE COMPLICADO.
La participación de minorías, escrita como parte de las leyes de derechos civiles de 1960, fue concebida para garantizar la igualdad de oportunidades para aquellos grupos que habían sido víctimas de discriminación por parte de sus empleadores e instituciones durante mucho tiempo. La Facultad de Derecho de Michigan (Michigan Law School), una de las escuelas de leyes de mayor renombre en la nación, modificó su proceso de admisión para garantizar la diversidad de su cuerpo estudiantil. De acuerdo a su política de admisión, la escuela busca estudiantes con “una base sólida para sobresalir en la facultad de Derecho”, que tengan “una gran posibilidad de éxito en el ejercicio de la abogacía y de contribuir en diversas formas al bienestar de las demás personas”, y que “provengan de diversos ámbitos culturales para que se respeten y aprendan unos de otros".
Cuando le negó la admisión a Barbara Grutter, una residente blanca de Michigan, ella entabló una demanda pues alegaba que había sido víctima de discriminación en base a la raza. Por margen de un único voto (de parte del actualmente retirado Juez O'Connor)
Sin embargo, la consideración de la raza para la admisión debe ser limitada y en algunas ocasiones es difícil de emplear. En un caso relacionado,
La Corte Suprema, sin embargo, dictaminó que esta política de admisión no era constitucional debido a que a los aspirantes provenientes de grupos mínimamente representados se les otorgaba puntos en base a su raza u origen étnico. Las escuelas y las universidades que intentan promover y apoyar la diversidad tienen que lograr un equilibrio sumamente delicado. Resulta que ahora que la composición de
Grutter v. Bollinger (2003); Gratz V. Bollinger (2003).
¿EDUCACIÓN LIBRE DE ACOSO? YA NO ESTÁ GARANTIZADA
Annette Litman era estudiante de la Universidad George Mason cuando el profesor para el cual realizaba trabajos de investigación empezó a acosarla. Parte de la rutina era decirle que la amaba y hacerle preguntas acerca de su vida sexual. La acechaba; la esperaba a la salida de las clases y le decía que "la extrañaba". Luego que ella tratara de evitarlo, él le dijo que "tenía maneras" de encontrarla. Ella presentó una queja, y la universidad le ordenó al profesor que mantenga distancia, pero se rehusó a efectuar una investigación. Ella prosiguió con su queja, la universidad menospreció su insistencia y la tildó de una "buscar la sinrazón".
La señorita Litman intentó llevar a juicio a la universidad, alegando que había sido víctima de represalias e interpuso una demanda en virtud de una ley que prohíbe la discriminación sexual en escuelas como la Universidad George Mason, que reciben ayuda económica federal.
El tribunal falló en contra de la señorita Litman, alegando que el texto de la ley no le otorgaba el derecho específico de acudir a los tribunales e interponer una demanda por represalias. El fallo del tribunal sugería que a pesar de que la ley permite que las agencias federales incluyan las represalias como una forma prohibida de discriminación, la señorita Litman no podía demandar para frenar actos de discriminación en base a represalias. Tanto ella como otros estudiantes se han quedado imposibilitados de conseguir que los tribunales hagan cumplir sus derechos a una educación libre de acoso sexual.
Litman v.
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Como muchos otros, Marketa Wills padecía con su curso de química orgánica mientras estudiaba para su bachillerato en la Universidad Brown. Como era una estudiante esmerada, buscó la ayuda de un profesor de química. Cuando Marketa llegó a la oficina del profesor, éste cerro las puertas y le pidió a Marketa que se uniera con él en oración, pidiéndole luego a Dios que abra la mente de Marketa para que "pudiera ser más receptiva hacia él y a las formulas y ecuaciones químicas". Varios minutos después el profesor levantó a Marketa, colocó sus brazos alrededor de su cintura y la sentó en su regazo. A medida que "oraba" respecto a los problemas de Marketa, éste colocó su mano bajo la blusa de ella, masajeó su estomago y tocó sus pechos; algo que no fue accidental. De acuerdo a Marketa, el profesor repitió esta oración mezclada con caricias un par de veces más durante la hora y cuarenta y cinco minutos que aproximadamente pasó con el profesor. Luego de terminada la sesión, el profesor le dijo, "No hay que dejar que el demonio confunda a Marketa y la lleve a pensar que algo de lo que sucedió hoy fue de índole sexual".
A pesar de que Marketa se quejó ante las autoridades correspondientes de la escuela acerca del incidente, la escuela simplemente reprendió al profesor y lo puso bajo un periodo de prueba, aun cuando memorándum que delineaba la política de acoso sexual de la escuela indicaba la suspensión o el despido como la respuesta oficial frente a la discriminación sexual. Dos meses después del incidente, el profesor recibió un aumento y fue retenido por la universidad. Además, este hombre era el único profesor que podía dictar química orgánica; un curso que todos los estudiantes aspirantes a médico, como Marketa, tenían que tomar para poder ingresar a la facultad de medicina. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de evidencia que los estudiantes demandantes se ven forzados a presentar, Marketa perdió su caso.
Causa desconcierto que la Corte Suprema demande mayor peso en las evidencias de los estudiantes que en las de los trabajadores. Las presiones de un estudiante en la facultad de medicina son enormes. ¿Es justo permitir que los estudiantes tengan recursos legales tan limitados ante un hecho de acoso sexual de parte de una autoridad confiable?
Wills v.
LEY HISTÓRICA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE PIERDE FUERZA
Aprobada en 1972 durante el gobierno del presidente Nixon, la Ley de Pureza del Agua (Clean Water Act) es una de las leyes sobre el medio ambiente de mayor éxito y popularidad, la cual confiere autoridad al gobierno federal sobre el "agua de los Estados Unidos". El dictamen de
El fallo reciente emitido por
Del fondo de estos casos acerca de "pantanos" (ecosistemas esenciales para el control de inundaciones, el agua potable, la agricultura y la vida silvestre) surge la gran pregunta: ¿Está facultado el gobierno federal para aprobar y hacer ejercer las leyes? Estos casos suscitaron la interrogante de si el Congreso puede aprobar una ley para proteger el agua que puede encontrarse dentro de un sólo estado. Existe mucho en juego: miles de pequeños riachuelos y aproximadamente 20 millones de acres de extensión de pantanos. Debido a que el agua en muchos estados se encuentra conectada con prácticamente cada estado aguas abajo del otro, la supervisión por parte del gobierno federal tiene un papel importante en la protección del medio ambiente.
Con su fallo,
Rapanos v.
GOBIERNO FEDERAL SIN FACULTADES PARA LUCHAR CONTRA
Dos hombres violaron a Christy Brzonkala durante el tiempo en que los tres eran estudiantes del Instituto Politécnico de Virginia. La escuela hizo poco para ayudar a la señorita Brzonkala y ésta continuó siendo víctima del acoso por parte de sus dos atacantes. Ella demandó a sus violadores en virtud de la Ley Sobre Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés); una ley que permite que las víctimas de actos de violencia motivados por el género presenten sus demandas en un tribunal civil.
En el año 2000,
US v. Morrison (2000)
¿LA ATENCIÓN MÉDICA QUE LE CORRESPONDE POR LEY ES DEFICIENTE? MALA SUERTE.
Un grupo de madres de familia de Michigan se organizó debido a que su estado no le brindaba a sus hijos la cobertura de atención médica adecuada, a pesar de que dicho estado utilizaba dinero federal para el programa Medicaid. El grupo decidió entablar una demanda contra el estado para hacer cumplir las disposiciones de Medicaid a las que tenían derecho.
En el año 2002, la corte de distrito de Michigan sostuvo que las personas naturales no cuentan con el derecho de hacer cumplir las disposiciones respecto a Medicaid debido a que este programa es un acuerdo entre el gobierno federal y el estado. El tribunal de apelaciones revertió esta sentencia; sin embargo, la lógica de este caso ha sido adoptada por otros jueces, la cual sin duda será nuevamente aplicada en situaciones similares.
Westside Mothers v. Haveman (2002)