Como estadounidenses que somos, confiamos en que todos tenemos oportunidades y que nuestras leyes crean una sociedad justa y un gobierno responsable. Nuestras leyes sobre derechos civiles se escribieron no para beneficio de unos cuantos, sino para la protección de todos nosotros. Durante los últimos años los tribunales federales han hecho cada vez más difícil estar seguros de que a todas las personas se las trate con equidad. La Campaña Nacional para Restaurar los Derechos Civiles trabaja para asegurar que nuestras leyes coincidan con lo que el país quiere para las generaciones futuras y para sí mismo.
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Los programas subvencionados por el estado, que protegen y velan por los niños, son blanco de ataques de parte de los tribunales federales, los que, en algunos casos, están haciendo muy difícil que los individuos o grupos puedan enjuiciar al estado, aun si éste viola la ley.
La Ley de Estadounidenses Discapacitados (ADA, por sus siglas en inglés) fue promulgada para proteger a las personas discapacitadas de la discriminación y la humillación. Sin embargo, durante los últimos años, los tribunales federales han hecho de la ADA una ley débil que protege cada vez a menos gente y en menos situaciones.
No existe un derecho fundamental a la educación en nuestro país. Los niños más pobres tienen mayor probabilidad de asistir a escuelas con menos recursos, incluso tratándose de escuelas públicas. Y en nuestras escuelas públicas la segregación persiste tal como en el pasado, cuando ésta era amparada por la ley.
Antes podíamos impedir que los contaminadores ambientales se concentraran en las comunidades de personas de color, pero hace poco, la Corte Suprema permitió que estos contaminadores reingresaran a estas comunidades, y ahora es casi imposible poder hacer algo al respecto en los tribunales.
Los fallos provenientes de los tribunales federales con respecto a la protección del medio ambiente pueden tener impactos increíbles de amplio alcance. Las consecuencias finales de las decisiones que toman nuestros tribunales respecto al aire que respiramos, el agua que bebemos y nuestros sistemas naturales, nos afectan a todos.
No tenemos derecho federal a atención médica de calidad y más de 45 millones de personas no gozan de seguro médico. Además, cada vez es más difícil recurrir a los tribunales para que hagan que se nos brinde atención médica y es muy difícil impedir actos por los que nuestros niños se enferman.
La Ley de Igualdad para la vivienda (Fair Housing Act) de 1968 tiene como objetivo eliminar la discriminación durante la venta y alquiler de viviendas en base a la raza, género, etnia o discapacidad. A pesar de que las leyes federales con respecto a la vivienda han gozado de amplio respaldo durante la mayor parte de su existencia, las protecciones que éstas garantizan están siendo amenazadas por fallos judiciales recientes.
Las personas cuya lengua materna no es el inglés enfrentan formas de discriminación afectan su acceso a la atención médica, la educación, el empleo y el sistema judicial. Aunque no se puede legalmente discriminar a estas personas por razones de su país de origen, los tribunales hacen muy difícil poder hacer valer sus derechos.
No hay ley federal que proteja a las personas que son discriminadas en base a la orientación sexual que se les percibe o que realmente tienen. Las constituciones y estatutos de algunos estados incluyen formas de discriminación, y algunas personas quieren cambiar la constitución para impedir que las personas de la cultura gay se casen.
Durante toda la historia de nuestra nación, las leyes federales y los dictámenes de los tribunales han tenido suma importancia para proteger la justicia racial. Pero prevalece el hecho de que, tanto de manera sutil como evidente, todavía se discrimina a la gente de color, así que aún queda mucho trabajo por hacer. Lo que es peor, varios casos claves que se han dado recientemente en los tribunales federales hacen que cada vez sea más difícil entablar un juicio si se es discriminado por razones de raza.
Debido a fallos recientes, la Corte Suprema ha hecho más difícil, y en algunos casos imposible, que una persona pueda interponer una demanda por discriminación basada en la edad, aun cuando se haya probado que hay discriminación.
La designación de jueces con filosofías legales extremas amenaza los derechos básicos que las mujeres han logrado en las últimas tres décadas: el derecho de decisión, el derecho de igualdad en oportunidades laborales, en la educación, y en una amplia gama de otras protecciones que permiten que las mujeres gocen de seguridad y equidad en sus vidas.
A raíz de a una serie de dictámenes recientes de la Corte Suprema, los empleados estatales han perdido su derecho a entablar juicio para que se les indemnice ante medidas laborales injustas. Y recientemente también, la Corte Suprema ha debilitado las protecciones de más de 80 años de antigüedad que garantiza la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act).