La Ley de Estadounidenses Discapacitados (ADA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 1990 con el fin de garantizar que la protección de las personas discapacitadas contra la discriminación. Sin embargo, debido a una serie de fallos recientes de la Corte Suprema, es probable que las personas que actualmente, son víctimas de discriminación debido a sus impedimentos mentales o físicos, no puedan probar que tienen derecho a protección alguna en lo absoluto en virtud de la ADA. Los tribunales han dado una definición tan pobre de lo que es una persona "con discapacidad" según la ley, que muchas personas con epilepsia, diabetes, visión en un solo ojo, impedimentos de audición significativos y otras condiciones, no gozan de protecciones contra la discriminación. Asimismo, los tribunales han concluido que los estados se encuentran protegidos de muchas demandas por discriminación y han debilitado las protecciones de modo que cada vez menos personas discapacitadas se encuentran a salvo de la discriminación en sus múltiples formas.

Por ejemplo, la Corte Suprema concluyó en una serie de casos que alguien podría no ser considerado una "persona discapacitada" en virtud de la ADA si dicha persona usaba medicamentos o dispositivos que la ayudaban a lidiar con su impedimento. Por lo tanto, una persona con epilepsia controlada mediante medicamentos o una persona con un impedimento de audición que utiliza audífonos, podría ser despedida de forma explícita debido a prejuicios contra la discapacidad, y luego es muy probable que tal persona no cuente con ninguna protección en virtud de la ADA al no poder probar que tiene una discapacidad según la estrecha definición adoptada por los tribunales.

Existen muchas otras formas en las que se ha hecho cada vez más difícil que las personas con discapacidad hagan cumplir sus derechos. Por ejemplo, tras haber recibido tratamiento por cáncer mamario, a Patricia Garrett la transfirieron y colocaron en un puesto inferior al de su empleo como enfermera supervisora en el Centro Médico de la Universidad de Alabama, a pesar de que aún podía desempeñar bien su trabajo. La señorita Garrett llevó a su empleador a juicio, pero la Corte Suprema determinó que los empleadores estatales debían estar protegidos de tener que pagar salarios perdidos o daños y perjuicios en demandas por discriminación laboral amparadas en la ADA, aún cuando la discriminación fuera evidente.

En algunos casos, los estados aún deben cumplir con las disposiciones de la ADA; al menos por ahora. George Lane se presentó a su audiencia en un juzgado de Tennessee y allí se dio con la sorpresa de que necesitaba llegar al segundo piso para comparecer en su juicio. Sin embargo, el Sr. Lane utiliza una silla de ruedas y el juzgado no tenía ascensor. En su primera comparecencia, el Sr. Lane tuvo que arrastrarse a lo largo de los dos tramos de escaleras para llegar a la sala. No obstante, en la fecha de su retorno se rehusó a tener que pasar nuevamente por una experiencia tan humillante o a ser cargado para subir las escaleras. El Sr. Lane fue arrestado en el acto y encarcelado por no presentarse a su audiencia. Tiempo después, interpuso una demanda aludiendo que el estado había infringido la ADA al no facilitar el acceso a la sala o disponer que su juicio se celebrara en un lugar con rampa de acceso para silla de ruedas. Basándose en el fallo de la Corte Suprema en el caso Garrett, el estado argumentó que los individuos con discapacidad no deben estar en la capacidad de interponer demandas contra los estados por infringir las disposiciones de la ADA, incluso si los estados incurren en discriminación en la forma en la cual brindan los servicios públicos. La Corte Suprema falló a favor del Sr. Lane por un margen sumamente mínimo, dejando ver cuán frágiles son nuestros derechos civiles. Sin embargo, aún queda en el aire la pregunta de si la Corte Suprema permitirá demandas en contra de los estados por discriminar cuando brinden otros servicios públicos que no presenten las situaciones en las cuales las salas son lugares de difícil acceso.

En otro caso, la Corte Suprema puso más obstáculos para las familias que buscan servicios educativos apropiados para sus hijos con necesidades especiales. Pearl y Theodore Murphy consideraban que su hijo, quien sufre una discapacidad, no recibía el tipo de educación pública que se garantiza en la Ley de Educación para las Personas con Discapacidad (IDEA, por sus siglas en inglés). Ellos interpusieron una demanda contra su distrito escolar para obligarlo a brindar al niño la educación que necesitaba y el tribunal dictó sentencia a su favor. Muchas familias no pueden costear la contratación de un abogado, razón por la cual la ley autoriza a las familias a solicitar que los distritos escolares paguen los honorarios y costos incurridos en caso ganen la demanda en virtud de la IDEA; esto en vista que obtener servicios apropiados para los niños es de vital importancia. A pesar de que la solicitud de los Murphy fue concedida por los tribunales distritales y de circuito, la Corte Suprema falló en su contra en el año 2006. Mediante la aplicación de una pobre interpretación de la ley, la mayoría de los jueces de la Corte determinó que los costos de los expertos, los cuales son necesarios para probar el caso, no pueden ser rembolsados. Dicha decisión hace aún más difícil que los padres de familia con recursos económicos limitados puedan acudir a la corte para hacer cumplir los derechos de sus hijos a la educación que necesitan. Si los padres tienen que cubrir el costo de obtención de las opiniones de un experto para poder probar su caso, muchos niños no obtendrán los servicios apropiados simplemente por que sus padres no pueden pagar los costes legales.

En otro caso más, la Corte Suprema retiró un arma poderosa contra la discriminación: la indemnización por daños en casos de discriminación. Jeffrey Gorman, quien se moviliza en una silla de ruedas, fue arrestado en Kansas City, Missouri. La camioneta que lo trasladó a la estación policial no se encontraba equipada para transportar personas con discapacidad. A pesar de sus protestas, los oficiales retiraron al Sr. Gorman de su silla y usaron su correa para sujetarlo a un banco en la parte trasera de la camioneta. El cinturón se rompió durante el trayecto, ocasionando que el Sr. Gorman cayera y quedara herido y humillado. Gorman demando luego a la estación policial por no transportarlo en un vehículo adecuado. El jurado le otorgó 1.2 millones de dólares por concepto de daños punitivos, una indemnización cuyo propósito era reprender al departamento de policía por sus acciones discriminatorias. No obstante, la Corte Suprema revertió el fallo y estableció que en los casos de discriminación por discapacidad interpuestos contra las agencias gubernamentales no puede otorgarse indemnización por daños. (Foto de Steve Rhodes.)

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