Nuestra capacidad para hacer valer los derechos de nuestros niños está siendo amenazada. En muchos casos, se fuerza a las personas a utilizar sus medios económicos limitados para probar que sus derechos pueden hacerse cumplir ante un tribunal (incluyendo la apelación de dictámenes erróneos), antes de que se les permita proceder a la presentación de los fundamentos de hecho de sus casos y obtener justicia por las violaciones a sus derechos.

Existen más de 15,000 niños en hogares tutelares en el estado de Florida y el Departamento del Niño y la Familia (DCF, por sus siglas en inglés) no tiene donde ubicar a muchos de ellos. En el año 2000, casi el 20 por ciento de los hogares tutelares de Florida se encontraban sobrepoblados y los niños eran a menudo colocados en instalaciones de estadía "temporal" por temporadas largas. Asimismo, se supo que el DCF alquilaba cuartos de hotel para utilizarlos como viviendas para los niños bajo su cuidado tutelar.

En agosto de 2000, Derechos de los Niños (Children's Rights) - una organización nacional que garantiza que los sistemas de bienestar infantil gubernamentales cumplan la ley - se unió a los defensores locales de Florida para interponer una demanda federal de interés colectivo en contra del DCF para mejorar el sistema de acogida en hogares tutelares en su conjunto. El tribunal distrital desestimó la mayoría de los reclamos, incluso antes que el caso llegara a juicio, debido a que consideraba que los entes particulares no deben estar en capacidad de interferir con un sistema estatal que ya se encuentra en funcionamiento. El sistema estatal autorizó al juzgado de protección de menores de Florida a que decidiera donde serían colocados los niños en forma individual. Derechos de los Niños apeló dicha sentencia, sin embargo, en mayo de 2003, el Tribunal de Apelación del 11.o Circuito ratificó el dictamen del tribunal de distrito. El tribunal sostuvo que cada niño de un hogar tutelar únicamente podía buscar recurso legal por el daño del que era objeto mediante demandas separadas en el juzgado de protección de menores, es decir, que no podían demandar en grupo. Derechos de los Niños trató de apelar dicho caso ante la Corte Suprema, pero dicha corte rechazó tomar el caso. El problema dentro del sistema de cuidado tutelar de Florida aún permanece sin solución.

En Georgia, los niños en hogares tutelares interpusieron una demanda de interés colectivo en contra del gobernador y otras entidades estatales por infringir las leyes federales que requieren el cumplimiento de ciertos estándares durante la administración de los programas de cuidado tutelar. El estado de Georgia argumentó que los niños carecían del "derecho federal" para hacer cumplir la Ley de Ayuda para Adopciones (Adoption Assistance Act) y las Disposiciones de Asistencia Médica de Medicaid (Medical Assistance Provisions of Medicaid).

En Missouri, una organización comercial para agencias de cuidado tutelar demandó a los directores del Departamento de Servicios Sociales de Missouri por incumplir con la Ley de Bienestar Infantil (Child Welfare Act) a través del rechazo del reembolso en forma adecuada de los costos incurridos por las agencias de cuidado infantil del estado. El estado de Missouri argumentó que los proveedores de cuidado tutelar carecían del "derecho federal" a los pagos en cuestión y por lo tanto no podían llevar su caso a juicio.

A pesar de que los tribunales en estos últimos dos casos fallaron en favor de los niños - y se mostraron en desacuerdo con los estados - los tribunales reconocen cada vez con mayor frecuencia esta clase de argumentos. (Foto de Hansel5569.)

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