Los tribunales federales tienen el importante rol de proteger a las personas contra la discriminación, incluso a los inmigrantes porque ellos, al igual que las personas que nacen en Estados Unidos, también pueden buscar resarcimiento legal en los tribunales cuando se infringen sus derechos, aunque el sistema está lejos de ser perfecto.

Muchos de los derechos que otorga la Constitución son válidos tanto para los inmigrantes como para los ciudadanos. En los años ochenta, California aprobó una ordenanza que prohibía el funcionamiento de lavanderías en edificios de madera. Los dueños de casi todas las lavanderías eran personas de nacionalidad china y la ley sólo se impuso contra ellos. En el caso Yick Wo v. Hopkins, la Corte Suprema sostuvo que la ordenanza infringía la cláusula de igualdad jurídica de la decimocuarta enmienda. En el caso Lau v. Nichols de 1974, la Corte Suprema sostuvo que los estudiantes que no hablaban inglés tenían derecho a la misma educación que reciben aquellos para los que el inglés es su lengua materna. Luego, en otro caso importante, Plyler vs. Doe, en 1982, la Corte Suprema sostuvo que los inmigrantes indocumentados tenían derecho a la educación pública gratuita y equitativa desde kindergarten hasta el último año de secundaria (K-12). Además, los títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 prohíben la discriminación por razones de raza o país de origen.

En la actualidad, los tribunales siguen contribuyendo a la protección de los derechos de los inmigrantes. La ciudad de Hazelton, Pennsylvania, aprobó legislación que ordenaba a los negocios locales investigar la condición migratoria de empleados e inquilinos. A los que no cumplían con la ley, se les multaba o se les negaba los permisos de funcionamiento. Varias organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes (entre ellas nuestros compañeros: Puerto Rican Legal Defense and Education Fund y American Civil Liberties Union) entablaron una demanda y, a fines del 2006, un tribunal federal dio orden prohibitiva para que la ciudad no aplicara la ley. Fue una gran victoria para los inmigrantes. Un tribunal de distrito de Farmer Branch, Texas, se encuentra actualmente revisando una ordenanza local del mismo tipo.

Recientemente, sin embargo, los tribunales han recortado con dureza muchos derechos civiles importantes y han hecho más difícil que la gente pueda entablar demandas sobre derechos civiles ante los tribunales federales. Muchos de estos recortes tienen que ver con los derechos de los inmigrantes.

Por ejemplo, la Corte Suprema ha hecho casi imposible que los trabajadores indocumentados puedan impugnar las prácticas laborales injustas ante los tribunales. Cuando el inmigrante indocumentado José Castro empezó a organizar una campaña sindical, el empleador, Hoffman Pastics, lo despidió. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relation Board) o NLRB determinó que Hoffman Plastics había quebrantado las leyes federales al despedirlo por apoyar un sindicato y ordenó que este empleador le pague el salario no percibido, pero en el 2002, la Corte Suprema que vio el caso Hoffman Plastic Compounds, Inc. v. N.L.R.B. revocó el fallo a favor de Castro argumentando que él no tenía derecho al pago de salario no percibido por ser un trabajador indocumentado. La Corte sostuvo que los trabajadores que no "tienen derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos", no tienen derecho a recibir indemnización por salario perdido aun cuando la compañía los emplee infrinja la ley. El fallo de este caso limita la protección legal existente para muchos inmigrantes en este país que trabajan siendo indocumentados. Inmediatamente después del caso Hoffman, la Comisión de Oportunidades Laborales Equitativas determinó que, de conformidad con la ley federal de discriminación laboral que ésta impone y que incluye el Título VII, los trabajadores emigrantes indocumentados no tienen derecho a pago de salario devengado. Los tribunales han trasladado el criterio del caso Hoffman a otros estatutos, y como resultado, la condición migratoria de los demandantes inmigrantes se usa frecuentemente en contra de ellos durante el curso de los litigios para así impedirles el acceso a los tribunales.

Los recortes de los derechos civiles en los tribunales también afectan a los inmigrantes que son discriminados por el idioma que hablan. En el año 2001, el caso Alexander v. Sandoval hizo extremadamente difícil que los inmigrantes y ciudadanos estadounidenses pudieran entablar acciones legales por discriminación basada en la raza o el país de origen. Martha Sandoval, la demandante en este caso y residente del estado de Alabama, no hablaba bien el inglés. Ella podía manejar y leer las señales de tránsito en inglés, pero quería tomar parte del examen de manejo en español. Sin embargo, Alabama aplicaba la política de "sólo inglés", que le exigía dar el examen en ese idioma. Ella entabló una demanda y la Corte Suprema dictaminó que Martha Sandoval no tenía derecho de presentar su caso ante un tribunal porque determinó que las personas naturales sólo pueden entablar acciones legales para hacer cumplir el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 si pueden establecer que hubo discriminación intencional, algo que es casi imposible. Este caso es importante, no sólo por su impacto en las personas que no hablan inglés, sino porque el gran recorte que representa para las personas de color, quienes generalmente ya no pueden luchar contra el impacto adverso de acciones discriminatorias por parte de entidades que reciben fondos federales.

Los tribunales federales han estado recortando los derechos civiles de todos, pero han afectado a los inmigrantes en particular. Todos estos casos son parte de una reacción mayor que tiene como objetivo eliminar los derechos de los inmigrantes. Además de limitar el acceso a los tribunales, las decisiones de muchos casos han hecho mucho más fácil detener y deportar a inmigrantes. La ley Patriota (Patriot Act) aprobada después del ataque terrorista del 11 de septiembre, ha dado al Procurador General y al gobierno más facultades para detener a personas que no son ciudadanas y a quienes se mira como una amenaza a la seguridad nacional.

Las organizaciones derechistas también se han puesto al ataque y han logrado que varios estados del país aprueben muchas leyes que discriminan a los inmigrantes. Hay normas de "sólo inglés", restricciones en cuanto a la vivienda y leyes que requieren que los policías indaguen sobre la condición legal de los inmigrantes y que notifiquen a las autoridades de inmigración del gobierno, por citar algunas cosas. En Kansas, un grupo derechista entabló un juicio en representación de un conjunto de estudiantes universitarios en el que alegaban que a los inmigrantes indocumentados que viven en el estado de Kansas no se les debe permitir asistir a las universidades estatales pagando el precio de matrícula para estudiantes del estado. Los estudiantes que entablaron el juicio eran residentes de otros estados; no de Kansas, y pagaban la matrícula más cara, para los que no pertenecen al estado. Ellos alegaban que estaban siendo discriminados porque la universidad permitía que residentes del estado, que estaban en el país sin documentos, pagaran la tarifa estatal. En lo que fue una victoria para los estudiantes inmigrantes, el Décimo Circuito Judicial desestimó este caso, Day v. Bond, pues sentenció que los estudiantes que no vivían en el estado no tenía asidero legal para presentar esta demanda. A pesar que el resultado de este caso es positivo para los derechos de los inmigrantes, si la Corte Suprema decide ver este caso, la victoria puede ser muy corta. La Corte podría revertir la decisión que tomó en Plyler v. Doe. A pesar de todo, los grupos derechistas han prometido continuar con sus ataques antiinmigrantes usando los tribunales como su arma.

Estados Unidos es uno de los países más diversos del mundo. En el 2006, habían 37.5 millones de inmigrantes viviendo aquí. Al igual que aquellos que desembarcaron en Plymouth Rock, la gente continúa llegando a este país por la promesa de libertad y oportunidad, pero si los tribunales continúan negando protección a los recién llegados, la promesa grabada en la Estatua de la Libertad no tendrá significado alguno:

Dadme vuestros seres pobres y cansados.
Dadme esas masas ansiosas de ser libres,
Los tristes desechos de costas populosas.
Que vengan los desamparados.
Que las tempestades batan.
Mi antorcha alumbra un umbral dorado.

(Foto de jvoves.)

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