En nuestro país no existe un derecho fundamental a la educación. Cuando se les pide que piensen acerca de la educación y los tribunales, muchas personas recuerdan el caso Brown v. Board of Education, el cual representó un triunfo legal clave para la educación. Este caso histórico estableció que el sistema de segregación racial en la escuelas del Sur no era, de hecho, equitativo y que infringía la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos. Dicho caso, que tuvo lugar hace más de 50 años, y algunos más posteriores a éste, acabaron con la segregación convencional en las escuelas del Sur. Sin embargo, nuestros sistemas educativos en los Estados Unidos aún fomentan la desigualdad. Los niños de color y aquellos niños blancos pero pobres tienen mayor probabilidad de asistir a escuelas más pobres con escasos recursos, incluso tratándose de escuelas públicas. Y en nuestras escuelas públicas la segregación persiste tal como en el pasado cuando ésta era amparada por la ley.

En 1973, en un caso denominado San Antonio Independent School District v. Rodriguez, un grupo de padres de familia interpuso una demanda en contra de la forma en que la ciudad de San Antonio, Texas, financiaba sus escuelas, la cual se daba prácticamente a través de impuestos a la propiedad. Los padres que dieron inicio a este caso vivían en un distrito pobre y el porcentaje de sus ingresos que aportaban a la escuela era mayor que el de las personas que vivían en distritos de mayor solvencia; sin embargo, la escuela aún no contaba con los fondos suficientes. El caso fue llevado hasta la Corte Suprema, la cual asestó dos grandes golpes a la educación. En primer lugar, la Corte declaró que no existía un derecho fundamental a la educación en Estados Unidos y, en consecuencia, dictaminó que financiar escuelas de forma desigual no infringía ninguna ley o cualquier parte de la Constitución.

Luego de este caso, los niños y los padres de familia pudieron en algunas ocasiones enfrentar la discriminación racial en las escuelas en virtud de una ley aprobada por el Congreso en 1964, si es que lograban probar que la política de una escuela (tales como una política de disciplina discriminatoria o un sistema de control) tenía un efecto discriminatorio en los niños de una raza u origen nacional en particular. Sin embargo, en el caso denominado Alexander v. Sandoval, la Corte Suprema dictaminó que los padres de familia y los niños ya no pueden interponer demandas ante el tribunal. Los tribunales sólo aceptarán casos cuando pueda probarse que los creadores de políticas tenían alguna intención discriminatoria.

Debido a los recientes fallos de los tribunales federales, los padres de familia ya no podrán enfrentarse a la exclusión de niños de color de programas escolares especiales, tales como programas para niños con talentos y dotes especiales, o luchar por que más estudiantes de color sean colocados en clases de educación especial, aún cuando ese no sea el lugar apropiado para ellos. (Foto de iboy daniel.)

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